El 14 de octubre de 2024, el presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa, emitió el Decreto 421, que introduce reformas significativas al Reglamento General de la Ley Orgánica de Comunicación. Este decreto, compuesto por 16 artículos y dos disposiciones transitorias, busca fortalecer la regulación y garantizar la transparencia en el sector de los medios de comunicación.
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Una de las reformas clave establece la obligatoriedad para que cualquier persona jurídica extranjera que desee ser accionista o socia en un medio de comunicación nacional debe estar domiciliada en Ecuador y cumplir con la legislación vigente. Esta medida busca prevenir la influencia externa no regulada en los medios de comunicación ecuatorianos.
Además, se ha modificado el numeral 11 del artículo 5 del Reglamento para incluir a los prestadores de servicios de audio y video por suscripción que cuenten con un canal local para programación propia como medios de comunicación social. Esto implica que estos operadores deberán obtener autorización expresa de los titulares de contenido y de la señal abierta para la retransmisión por cualquier medio o procedimiento, asegurando así los derechos de autor y la propiedad intelectual.
Las reformas también abordan la regulación de la publicidad, prohibiendo expresamente la publicidad engañosa, así como cualquier tipo de publicidad o propaganda relacionada con la pornografía infantil, cigarrillos y sustancias sujetas a fiscalización. Sin embargo, se permite la publicidad de bebidas que no superen el 5% de grado alcohólico.
En las disposiciones transitorias, se establece que el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación debe actualizar y codificar los manuales, protocolos y directrices existentes dentro de un plazo máximo de 60 días a partir de la publicación del decreto. Esto asegurará que se garantiza el derecho a la libertad de pensamiento y expresión de acuerdo con las nuevas regulaciones.
Asimismo, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones debe convocar, en un plazo máximo de 60 días, un proceso público competitivo y equitativo para la adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico. Esta medida busca promover la competencia y la transparencia en la asignación de recursos de comunicación.
Estas reformas buscan mejorar la regulación del sector de la comunicación en Ecuador, proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar una mayor transparencia y equidad en la operación de los medios de comunicación. La comunidad espera que estas medidas contribuyan a un entorno mediático más responsable y regulado.
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