El Dr. Angel Torres Machuca, se mantiene como Defensor Público General encargado desde el 31 de Agosto del 2018 cuando fué designado con apenas dos años en la institución y sin ser el mejor puntuado de todos los defensores públicos a nivel nacional y se mantiene en un encargo ilegítimo al frente de la Defensoría Pública, por una designación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio.
Entre los conflictos que ha tenido el señor Torres, precisamente está su designación por cuanto conforme la norma vigente quien debía ser designado como Defensor Público Subrogante, hasta el nombramiento del titular, era el defensor público mejor puntuado, en este caso el doctor Ángel Jarrín al obtener la nota de 99,69, mientras que Torres obtuvo apenas 93,03.
Sin embargo, el dictamen interpretativo 2-19-IC emitido en mayo de 2019 por la Corte Constitucional, con el cual se blindó las designaciones del CPCCS Transitorio, ha sido la herramienta que ha permitido que Torres se mantenga en un encargo que pronto llegará a los seis años. El discurso de Torres para mantenerse en este encargo ha sido siempre que se mantendrá en el cargo hasta que el CPCCS designe en un concurso público a su remplazo, pero este discurso guarda ciertas trampas en el sentido que hasta el momento ha sido el mismo Torres el que a través de acciones jurisdiccionales no ha permitido que se lleve a cabo este concurso.
Por la fuerza de la ley, decisiones jurisdiccionales y la decisión de una mayoría honesta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se ha logrado avanzar en el concurso, hasta la toma del examen práctico de casos concretos ocurrida el 17 de febrero de 2024 y la proclamación de las notas finales el 19 de febrero de 2024, quedando únicamente la fase de impugnación ciudadana.
Pero cuando la ciudadanía se prestaba a contar con un Defensor Público General designado en un concurso público de méritos y oposición, el señor Ángel Torres Machuca y sus subalternos vuelven a la carga con más acciones de protección, esta vez, a través de la misma abogada María Portalupi Feroud, Directora Regional del Litoral de la Defensoría Pública, quien ya se presentó y actuó en la acción de protección 17284-2023- 00049 en Quito como tercera interesada, y con los mismos argumentos y con el mismo objeto y que ahora presenta una nueva acción de protección la cual ha sido signada con el número 13282-2024-00348.
En este caso, la señora Portalupi, pese a que vive y ejerce su cargo en la ciudad de Guayaquil, presenta la acción en la ciudad de Chone, cuando el año anterior la Corte Constitucional mediante Sentencia No. 2231-22-JP/23 del 08 de junio de 2023 y Sentencia: 2571-18-EP/23, prohibió y señaló como hecho sancionable que no se pueden presentar acciones de protección fuera del territorio donde se realizan los actos o donde vive el accionante.
La Corte Constitucional ya realizó un primer pronunciamiento de las causas presentadas en el concurso público para la Designación de la Primera Autoridad de la Defensoría Pública, es así que en el Auto de Selección de las causas 1567-23-JP, 1722-23-JP y 10123-JC del 16 de noviembre de 2023, señala que las acciones de protección han sido desnaturalizadas en este concurso y que no se puede interponer acciones de un concurso en Quito, fuera de este territorio, pero la señora Portalupi conociendo todo esto insiste en infringir la ley, desnaturalizar esta garantía jurisdiccional y seguir paralizando el concurso para mantenerse ella y su jefe en el cargo.
Pese a la evidente inconstitucionalidad de la acción de protección, sin ser competente en razón del territorio, el Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales con sede en el cantón Chone, Ab. Joffre Javier Rivera Rodríguez, actuando contra norma expresa y pese a que las acciones respecto a este concurso están siendo dilucidadas por el máximo organismo constitucional del país, mediante auto del 20 de febrero de 2024 ha procedido a paralizar el concurso público para la designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública, y es así como a través de una octava garantía jurisdiccional, Ángel Torres Machuca quiere seguirse manteniendo al frente de la Defensoría Pública.
Todo el Ecuador estará atento al desenlace de este largo y escandaloso caso, y esperando que por fin sea designado el mejor votado, como corresponde a la ley.
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