
El paro indígena en Ecuador de septiembre de 2025 representa una nueva etapa de movilización social y de tensión entre la población, especialmente los pueblos indígenas, y el gobierno de Daniel Noboa. A continuación, un análisis de sus causas, demandas, consecuencias y perspectivas:
Causas
- Fin del subsidio al diésel: El detonante directo fue el Decreto Ejecutivo 126, que elimina el subsidio al diésel, lo cual elevó el precio de este combustible de USD 1,80 a USD 2,80 por galón. Este cambio afecta de forma notable al transporte, la producción agrícola y el costo de vida en zonas rurales e indígenas, que dependen de este energético.
- Demandas históricas: Se suman reclamos antiguos relacionados con políticas públicas en salud y educación, abandono estatal en zonas rurales, derechos territoriales, extractivismo, licencias ambientales otorgadas sin consulta previa, y la necesidad de participación en decisiones que les afectan de forma directa.
Demandas principales
- Derogatoria del decreto que suprime el subsidio al diésel.
- Revocatoria de licencias ambientales de proyectos mineros (por ejemplo, Quimsacocha y otros).
- Fortalecimiento del servicio público de salud y educación.
- Cese de políticas extractivistas que afectan territorios indígenas y respeto al modelo de vida indígena, incluyendo mecanismos efectivos de consulta previa
Respuestas del gobierno
- Declaró estado de excepción en varias provincias, impuso toques de queda en cinco, como forma de controlar posibles bloqueos o protestas más fuertes.
- Ofreció compensaciones monetarias temporales para transportistas y otros sectores afectados.
- Se mantiene firme en la medida del subsidio eliminada, alegando necesidad de reducir el gasto fiscal y destinar recursos a programas sociales
- En conclusión, el paro indígena de 2025 no es solo una reacción frente a una política económica concreta, sino la expresión de demandas acumuladas en torno a cómo el Estado ecuatoriano ha venido gestionando —o descuidando— derechos fundamentales en comunidades indígenas y rurales. Su desenlace dependerá del equilibrio entre presión social, respuestas gubernamentales y posibilidades de diálogo auténtico.
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