Los despidos intempestivos, la reducción de la jornada laboral, el teletrabajo, la supresión de puestos y el caso EMASEO, fueron temas tratados en la comisión que defiende los Derechos de los Trabajadores, sesión a la que comparecieron el ministro de Trabajo, Luis Poveda, y del viceministro, Edwin Sánchez.
En el primer tema, Luis Poveda detalló las causales y el número de trabajadores que terminaron su relación laboral. Por despido intempestivo 15 724 trabajadores, equivalente al 8.69 % de los casos; por aplicación del artículo 169, numeral 6, terminaron la relación laboral 16 874, el 9.33 %; por acuerdo entre las partes, 100 797, el 55.73 %; y, por otros motivos 47 457, el 26.24 %. En total 180 852 personas fueron despedidas.
Teletrabajo
Según los registros del Ministerio del Trabajo, durante la pandemia, 425 424 personas laboran en la modalidad teletrabajo, en 6124 empresas e instituciones públicas. En el sector privado 139 023 teletrabajadores de 5862 empresas; en el sector público, 286 401.
Fuentes de trabajo y relación emergente
La autoridad explicó el contenido de los artículos del proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que contiene el veto presidencial, respecto al contenido del acuerdo para preservar las fuentes de trabajo, instrumento bilateral entre empleador y trabajador, que se evidenciará en un documento escrito.
Estos acuerdos deben enmarcarse en las normas legales, para ello el Ministerio vigilará que no se vulneren los derechos, no podrán modificar por ningún motivo el salario básico.
En caso de incumplimiento del acuerdo, en el primer año de vigencia de la ley, la liquidación se realizará con la última remuneración.
En torno al contrato especial emergente, explicó que el Ejecutivo planteó que se deberá firmar por un año, con posibilidad de renovación por igual tiempo. Se firmarán para la sostenibilidad de la producción y fuentes de ingresos en situaciones emergentes, ampliaciones de negocio, incremento de la oferta de bienes y otras situaciones que justificará la empresa o emprendimiento.
Supresión de puestos
El ministro dijo que tiene toda la facultad para regular las remuneraciones del sector público, entre ellas expedir las normas técnicas en materia de recursos humanos.
Precisó que, en el artículo 47, literal c) de la LOSEP, consta como una de las causales para el cese definitivo, la supresión del puesto, debiendo configurarse por razones técnicas, funcionales y económicas, proceso que obligatoriamente se efectuará con la intervención del Ministerio de Trabajo.
El servidor público desvinculado por esta causal recibirá 5 salarios básicos unificados vigente en el año 2015 (354 dólares), es decir 1770 dólares por cada año de servicio, con un límite 53 100 dólares.
El procedimiento considerará los principios de racionalización, priorización, optimización y funcionalidad, sin que se afecte los servicios públicos. El ministro señaló que existe una sentencia de la Corte Constitucional respecto a la excepción, que se debe respetar por parte de los organismos e instituciones públicas.
La asambleísta Marcela Holguín manifestó que no se cuestiona el mecanismo, sino que esta supresión se daría en instituciones que no han cerrado sus puertas. A raíz de la expedición del Acuerdo 124 no hay seguridad de la estabilidad laboral de los servidores públicos, incluso de quienes han ingresado mediante concursos.
El legislador Bairon Valle dijo que los trabajadores son quienes más han aportado a la crisis, una cantidad superior a los dueños del capital, por lo que el Acuerdo 124 no es pertinente, porque la aplicación de la supresión de puestos termina con la estabilidad de los servidores públicos. Esta comisión debe estar informada del plan de contingencia de las instituciones para no perjudicar a los despedidos, concluyó.
En este tema, el viceministro de Trabajo explicó, por ejemplo, que la condición económica para la supresión de puestos es la sobrevaloración de las remuneraciones.
Caso EMASEO
El legislador Fausto Terán, en relación a la empresa EMASEO, lamentó la falta de información sobre los implementos de protección para los trabajadores. De 1400 personas les han hecho la prueba del Covid-19 apenas a 60, y lo peor con cargo a descuento. Terán reveló que la directora financiera estaría amenazando con aplicar el visto bueno, por las denuncias.
Esta situación no es admisible, por la forma indolente del empleador con los trabajadores, respondió el ministro Luis Poveda, comprometiéndose a dar seguimiento inmediato.
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