Si, de manera informada, ya decidieron su voto, felicitaciones. Si aún no lo hacen, pongo a su consideración estas reflexiones. No les pido que estén de acuerdo conmigo, pero sí que busquen acceder a la mayor cantidad de información posible y recuerden que esto no es a favor o en contra de Moreno o Correa. Está en nuestras manos la institucionalidad del país.
Es necesario partir desde lo más importante: el pleno respeto a nuestros derechos radica no solo en leyes bien hechas, depende en última instancia de jueces que actúen con independencia. Es este último factor el que no podemos dejar de lado en la próxima consulta popular.
El texto de las preguntas no aborda de buena manera las implicaciones contenidas en los anexos de la #ConsultaPopularEC. Es por esto que voy a presentarles cada pregunta considerando lo que se establece ellos:
1. ¿Está de acuerdo con que las personas sentenciadas por corrupción pierdan sus bienes y no puedan volver a votar o ser candidatos por un período entre 10 a 25 años?
Actualmente, nuestra Ley establece la imposibilidad de votar, ser elegido o incluso contratar con el Estado a quienes hayan sido declarados culpables en casos de corrupción. Esta pérdida de derechos durará mientras el culpable se encuentre en la cárcel. Asimismo, ya existen mecanismos para recuperar el dinero mal habido por parte de estos corruptos.
La consulta busca alargar la duración de esta sanción, otorgando al juez la facultad de decidir sobre ello. Es claro que los corruptos deben ser sancionados, y con la mayor pena posible, siempre respetando su derecho a la defensa y a un proceso justo, pero debemos preguntarnos…
¿No estamos dejando la puerta abierta a la persecución política?
Por ejemplo, no hace mucho, la Contraloría venezolana inhabilitó políticamente a Henrique Capriles por un período de 15 años debido a supuestos ilícitos administrativos durante el ejercicio de su cargo de gobernador.
¡Qué gran regalo le estamos otorgando a los políticos! Usar la justicia para inhabilitar políticamente a sus adversarios y así sacarlos de la competencia.
2. ¿Estás de acuerdo con que los presidentes, alcaldes, prefectos, asambleístas, concejales y cualquier otra autoridad de elección popular solo puedan ser reelectos por una ocasión?
De manera ilegal, en 2015, la Asamblea Nacional modificó nuestra Constitución para permitir la reelección indefinida de las autoridades. Esto debía ser decidido en su momento a través de una consulta popular.
La posibilidad de reelegirse indefinidamente puede funcionar en países que tienen una clara y fuerte independencia de funciones, y además elecciones libres y transparentes. No es nuestro caso, y ahora, a través de la consulta, podemos corregir ese absurdo jurídico.
Si gana el “sí”, todas las autoridades podrán ser reelectas por una sola ocasión, tal y como lo aprobó la ciudadanía en el referéndum constitucional de 2008.
Pero no todo es un camino de buenas intenciones. El anexo establece que aquellos políticos que desde 2008 hayan ocupado dos veces su cargo, no podrán ser nuevamente electos para el mismo. Es decir, Correa nunca más volverá a la Presidencia, Nebot a la Alcaldía de Guayaquil, Jairala a la Prefectura del Guayas y Rivadeneira a la Asamblea. Así, se saca de la competencia a alrededor de 150 políticos.
3. ¿Estás de acuerdo en que la Asamblea designe a los miembros de un Consejo de Participación Ciudadana transitorio que evalúe y posiblemente destituya a los actuales superintendentes, el fiscal, el contralor, el procurador y otros?
Seamos claros. Las autoridades de control de un país (Fiscal, Procurador, Contralor, miembros de la Función Electoral, superintendentes, etc.) deben ser electos por la Asamblea Nacional de una lista enviada por el Presidente. Así funciona en la mayoría de Estados democráticos; pero aquí, en 2008, nos inventamos este “Frankenstein” llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Este CPCCS estuvo integrado con ciudadanos cercanos a Correa, y claro, designó a autoridades de control que respondían a los intereses de Correa. Lenin nos plantea ahora que se integre un “Consejo de Transición” de una lista enviada por él y electa por la Asamblea. Este Consejo evaluará y destituirá a las actuales autoridades para posteriormente elegir unas nuevas.
No tenemos ninguna garantía de que los miembros de este Consejo sean independientes y que, por ende, no designen a autoridades que sean cercanas a Moreno o sus aliados.
Y para tratar de contentarnos, nos dicen que en las próximas elecciones de alcaldes (sin especificar si es en febrero de 2019), vamos a elegir a los integrantes del CPCCS definitivo, pero ellos no podrán evaluar ni destituir autoridades, tal vez ni siquiera designarlas, pues el Consejo Transitorio será el encargado de designar a todas las nuevas autoridades y éstas durarán en funciones alrededor de cinco años.
¿Estamos abriendo la posibilidad para pasar de los amigos de Correa a los amigos de Moreno? O incluso más importante, ¿es ésta la solución definitiva al problema de designación de autoridades de Control en nuestro país? A mi criterio, no.
4. ¿Consideras que la justicia debe investigar y sancionar los delitos sexuales cometidos contra niños y adolescentes sin importar cuánto tiempo haya transcurrido?
¿Hay alguien que se pueda oponer a proteger a los niños de la violencia sexual? A primera vista, creería que nadie, pero…
¿La posibilidad de investigar y sancionar en cualquier momento un acto de este tipo es la real solución al problema? ¿Qué va a suceder cuando alguien presente una denuncia penal alegando que “Juan hace 30 años trató de violarme”? ¿Será posible probarlo? ¿Se cuidará de la reputación de “Juan” mientras dure la investigación?
La prevención, sanción y persecución de delitos requieren estudios técnicos y, sin duda, jueces capaces e independientes que garanticen los derechos de todos. Para mí, este tipo de “populismo penal” no es el camino correcto y la única intención de incluir esto en la consulta es la de sumar adeptos al “todo sí”.
5. ¿Estás de acuerdo en que se prohíba totalmente la minería metálica en áreas protegidas y urbanas del Ecuador?
Esto va a ser controversial para muchos seguramente, pero Ecuador en estos momentos necesita de la minería. Despilfarraron nuestra plata, nos engañaron con un supuesto cambio de la matriz productiva del país y ahora, ¿pretenden que nos demos el lujo de no extraer nuestros recursos mineros?
Toda acción del hombre tiene un impacto en el ambiente y éste impacto puede ser mayor o menor de acuerdo a la manera en la que se interviene, y es ahí en donde deberíamos poner nuestra atención. Se debe garantizar que la explotación de recursos mineros se realice de acuerdo a los más altos estándares de eficiencia, protección y transparencia, que aseguren el menor impacto ambiental posible y el mayor rédito económico para todos.
Finalmente, esta modificación a nuestra Constitución podía realizarse a través de una enmienda en la Asamblea, no era necesaria la consulta. ¿Por qué el afán de gastar más plata preguntando algo innecesario?
6. ¿Crees que se debe derogar la actual Ley de Plusvalía?
Sin duda, quienes creemos en el libre mercado queremos no sólo la derogatoria de esta Ley, sino que en el futuro no se emita ninguna Ley similar, y esto no está garantizado en la Consulta.
De ganar el “sí” en esta pregunta, el Presidente enviará en un plazo de 15 días a la Asamblea un proyecto de Ley que derogue a la Ley de Plusvalía aprobada en 2015. Pero esto no implica que en este proyecto de Ley derogatorio o en uno presentado posteriormente se establezcan nuevas reglas, incluso peores a las actuales, para el sector inmobiliario.
De igual manera que en la pregunta anterior, para la derogatoria de esta Ley no era necesaria una consulta. El Presidente o cualquier asambleísta, en cualquier momento, podía solicitarlo directamente a través de un proyecto de Ley. Pero la consigna no es esa, es la de asegurar el “todo si”
7. ¿Estás de acuerdo en reducir el área actual de explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní?
Esta pregunta no plantea ninguna reforma constitucional ni legal, por ende, esto solo requería la decisión del Presidente a través de un Decreto Ejecutivo. No se está prohibiendo de manera definitiva la extracción petrolera en el Yasuní, tan solo se está reduciendo el área de extracción de 1.000 a 300 hectáreas.
La explotación se seguirá realizando, bajos los mismos, o quién sabe, nulos estándares de eficiencia, protección y transparencia de hace cuatro años, cuando empezó (oficialmente) la explotación petrolera en la zona. Ese es el problema de fondo.
Tomado del Perfil de Facebook de Marcelo Espinel
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